En España, en el 72,7% de los hogares donde reside alguna persona con discapacidad existe alguna barrera arquitectónica, según el informe Olivenza 2010, elaborado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad del Ministerio de Sanidad.
¿Qué nivel de accesibilidad hay en las viviendas?
Más de un 50% de las personas con discapacidad tienen problemas de accesibilidad.
“Las comunidades autónomas establecen los requisitos y la normativa específica sobre accesibilidad, ampliada incluso con instrucciones y ordenanzas municipales. Esta diversidad legislativa dificultaba la labor de los técnicos hasta la adaptación del Código Técnico de la Edificación que modifica el Documento Básico de Seguridad de Utilización incorporando la accesibilidad (DB SUA) y estableciendo unos condicionantes mínimos comunes a nivel nacional”, explica Francisco Javier Méndez, director del gabinete técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid.
En el CTE se fijan todos los aspectos que deben contemplarse tanto en el acceso a la vivienda, garaje, piscina y espacios comunes como dentro de la propia vivienda. “El DB SUA establece condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad”, puntualizan desde el Colegio de Aparejadores.
Sin embargo, la falta de accesibilidad es uno de los principales problemas que dificultan la integración en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad. “De las consultas, quejas o denuncias recibidas en nuestra organización un volumen muy significativo versan sobre las dificultades de accesibilidad al domicilio o la utilización de elementos comunes del edificio”, explica Óscar Moral, asesor jurídico de CERMI. De hecho, más de un 50% de las personas con discapacidad tienen problemas de accesibilidad dentro de su vivienda, en concreto, en el cuarto de baño, la cocina y el portal y escaleras del edificio.
Accesibilidad en vivienda pública
La legislación actual contempla que el 3% de las viviendas de protección oficial sean accesibles, porcentaje que ha variado con el proyecto de ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad aprobado en julio por el Congreso, que fija en el 4% la reserva de viviendas accesibles para personas con discapacidad en las promociones de viviendas protegidas. Desde el Colegido de Aparejadores señalan que a partir de estos porcentajes de reserva, “según las normas adjudicatarias del concurso público concreto se adaptan tantas viviendas como es necesario en el caso de que resulten beneficiarias un mayor número de personas”.Las organizaciones vinculadas con las personas con discapacidad, sin embargo, califican como insuficiente este porcentaje e incluso desde el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) proponen elevarlo hasta el 6%. “Hay que pensar que la mayoría de personas adquieren la discapacidad en la edad adulta y desean mantener su vivienda habitual. Además, muchos no tienen acceso a la vivienda pública por tener una situación económica que supera los mínimos necesarios para acceder a las promociones públicas”, matiza Mº José Rozas, directora técnica de ECOM, movimiento asociativo que agrupa más de 174 entidades de personas con discapacidad física.
Además, el decreto 55/2009, de 7 de abril, regula que todos los edificios de nueva construcción o rehabilitados deben tener itinerarios practicables. “Las viviendas tienen que tener al menos practicable el acceso a una cámara higiénica, la cocina y un espacio de uso común”, puntualizan desde ECOM. En función del número de habitaciones se exigirá que un mínimo de las mismas sea practicable. Según Rozas, “los criterios de practicabilidad permiten el uso de los espacios pero con mucha dificultad porque las medidas que proponen son inferiores a lo recomendable. Estos criterios no dan el paso definitivo hacia un concepto de accesibilidad”. Las promociones privadas deben cumplir los requerimientos de accesibilidad de las normativas autonómicas y “las administraciones locales tienen la obligación de fiscalizar y controlar el cumplimiento de la normativa”, explica Óscar Moral.
