La Asociación de Consumidores de Navarra Irache advierte sobre los riesgos que puede conllevar la autorización para que compañías telefónicas instalen su cableado en edificios de viviendas.
En este sentido indica que antes de dar el consentimiento conviene valorar las consecuencias ya que, probablemente, la infraestructura instalada encarecerá cualquier reforma posterior que afecte a la fachada o al edificio y la comunidad estará obligada a soportar el sobrecoste.
Por ello, recomienda incluir en el permiso para la instalación una cláusula por la que la compañía se comprometa a costear futuras modificaciones del cableado.
La asociación ha recibido en los últimos meses varias consultas por parte de vecinos porque el presidente de su comunidad ha recibido visitas o cartas de alguna compañía telefónica, en las que se les indica que su empresa quiere instalar el cableado y la infraestructura necesaria para ofrecer servicios a través de fibra óptica.
Por ello, se le ha entregado una instancia en la que se solicita el permiso de instalación de estas infraestructuras en el edificio. El operador, según apunta, se hace responsable de este trabajo, de sus costes o de los posibles daños que puedan surgir en el momento de la instalación.
Sin embargo, Irache remarca que los vecinos deben saber que, una vez colocado el cableado, en un futuro tendrán que soportar su mantenimiento o modificación. Al menos, así ha sucedido en comunidades y viviendas unifamiliares, cuando se han visto obligadas a realizar obras de rehabilitación del portal y han tenido que hacerse cargo igualmente de mover el cableado instalado por la compañía telefónica años atrás.
Por ello, desde Irache se recomienda que, antes de permitir la instalación, la comunidad de vecinos valore su conveniencia y los servicios a los que ésta les permitirá acceder.
En este sentido, puede ser conveniente negociar con la empresa la inclusión de una cláusula por la que ésta se comprometa por escrito a soportar los futuros trabajos que conlleve esta instalación, por obras en el edificio u otras circunstancias.
Además Irache señala que, aunque la compañía sólo pide el consentimiento del presidente de la comunidad, al ser ésta una cuestión que afecta a todos los vecinos, antes de dar permiso debería ser aprobado por una tercera parte de los propietarios, según determina la legislación.
Por tanto, no es conveniente que el presidente tome ninguna iniciativa personal en un sentido u otro antes de someterla a debate en la junta de propietarios.
Ha habido comunidades de vecinos que se han visto obligadas a costear la manipulación del cableado telefónico necesaria para poder llevar a cabo obras en el edificio o que han querido retirarlo o moverlo de la fachada por cuestiones estéticas.
Según reconoce, no es inusual que los vecinos aceptasen, en su momento, la colocación de infraestructuras telefónicas sin entender a qué les comprometía o convencidos de que estaban obligados a ello. Aun así, son ellos los que han tenido que costear su manipulación posterior y asegurar de esta manera la continuidad del servicio.
En otras ocasiones, incluso, las propias instalaciones telefónicas, postes o cables, han provocado molestias a los vecinos o daños en las fachadas o estructuras de las viviendas y el arreglo ha tenido que ser pagado por el dueño del edificio, ya sea una comunidad de propietarios o una vivienda unifamiliar.
Fuente: finanzas.com
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