Una comunidad de propietarios de Málaga ha aprobado la necesidad de saber castellano hablado y escrito para poder ser presidente del vecindario, así como que los gastos de intérprete y traducción a otros idiomas sean responsabilidad de los vecinos que lo soliciten.
El acuerdo fue adoptado por unanimidad de los propietarios asistentes a la junta anual de la comunidad Torres de San Andrés de Málaga, celebrada el pasado día 12, según ha informado a Efe José Antonio Sierra, portavoz y fundador de la asociación Diversidad y Convivencia y exdirector del Instituto Cervantes en Dublín (Irlanda).
Con este acuerdo se pretende "evitar lo que pasa" en algunas comunidades de propietarios de municipios turísticos de Andalucía en las que para hablar con el presidente de la comunidad se necesita un intérprete de inglés u otros idiomas no reconocidos en el artículo 3 de la Constitución Española, ha explicado Sierra.
La asociación Diversidad y Convivencia, creada en 2004 en Málaga para la difusión en Andalucía de todas las lenguas de España reconocidas por la Constitución, ha solicitado a los partidos políticos con representación en el Parlamento y Senado que reformen la Ley de Propiedad Horizontal.
El colectivo considera que la Ley se ha quedado "obsoleta" para resolver los problemas lingüísticos ocasionados en algunas comunidades por el turismo residencial y por los propietarios sin conocimientos del castellano.
Además, la asociación solicitará a todos los ayuntamientos andaluces que aprueben una ordenanza municipal para exigir que los rótulos de todos los establecimientos comerciales estén "como mínimo" en castellano, y que dispongan de personal con conocimientos de esta lengua para atender a sus clientes si desean comunicarse en español.
Fuente: El Mundo.es
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