Unos viandantes observan el edificio de Telefónica que ha sido acordonado ante posibles desprendimientos. (Zigor Alkorta) Fuente: Deia.com
BILBAO. El Ayuntamiento de Bilbao ha obligado en los dos últimos años a 1.400 comunidades a arreglar sus fachadas para conservar los edificios en buen estado y evitar, con ello, que ocurran accidentes como el acontecido hace dos años en la Gran Vía bilbaina y que acabó con la vida de una joven viandante. No es el único caso de desprendimiento ocurrido en la ciudad, aunque sí el de consecuencias más graves.
El pasado sábado sin ir más lejos volvió a producirse un desplome de parte de la fachada de la sede que la antigua Telefónica, hoy Movistar, tiene en la calle Buenos Aires. Afortunadamente no hubo que lamentar ningún herido.
Ricardo Barkala, concejal de Urbanismo, explicó ayer que desde que se produjo el terrible suceso en el que una joven que salía de una farmacia fue alcanzada por los cascotes que se desprendieron en la Gran Vía produciéndole la muerte, existen rigurosas inspecciones para comprobar el estado en el que se encuentran los edificios de la ciudad y recomendar a sus comunidades los trabajos necesarios, si fueran necesarios, para que estén en buen estado y evitar de este modo desagradables accidentes.
El concejal de Urbanismo dio a conocer ayer que el Ayuntamiento ha dictado en estos últimos dos años 1.400 órdenes de reforma para la conservación de fachadas. "En la mayoría de los casos se trataba de arreglos puntuales sin demasiada importancia", dijo Barkala. Sin embargo, otras reparaciones han requerido de obras de fachada integral. Así, en el 13 % de los casos los propietarios de estos edificios han sido obligados a reparar toda la fachada. Otro 10 % de los casos no estaban obligados a reformar todo el paño exterior, pero han aprovechado las circunstancias para sanear totalmente el edificio.
La fortuita tragedia ocurrida en 2012 indujo a una reflexión en la Subárea de Disciplina Urbanística sobre la conveniencia de reforzar las inspecciones de los edificio de Bilbao, con independencia de su año de construcción. En principio, lo que se denomina la Inspección Técnica de Edificios se refiere a aquellos edificios que han cumplido ya sus 50 años de vida, que en el caso de Bilbao representan un porcentaje importante, pero el Ayuntamiento se tomó la obligación de ir chequeando individualmente todos los edificios de la capital. Así se han ido realizando fichas personalizadas con los datos de los inmuebles, año de construcción, materiales, características y posibles deficiencias para que, en el momento en que el Gobierno vasco aplique la Ley de las Inspecciones Técnicas de Edificación, se tenga adelantado parte del trabajo y se pueda comenzar con las reparaciones.
Bilbao, según un informe que elaboró Idom en 2007, tiene 16.000 edificios de los que 6.000 tienen más de medio siglo de antigüedad. Los inspectores han ido ojeando todo los inmuebles de manera ocular acompañándose de prismáticos para detectar los daños, y posteriormente han tomado fotografías de los desperfectos. Un trabajo meticuloso para el que se ha realizado un auténtico barrido de los inmuebles de la villa. El procedimiento que ha seguido el Ayuntamiento ha consistido en abrir un expediente y advertir a la comunidad de los daños detectados, previa a la orden de ejecución para que la comunidad proceda a realizar los arreglos.
Las recomendaciones del Ayuntamiento para realizar una reparación de un edificio son vinculantes, es decir, que es de obligado cumplimiento para que los propietarios de un bloque lleven a cabo los arreglos detectados por los inspectores. "Son edificios privados, por lo tanto el mantenimiento corre a cargo de sus propietarios", señaló Barkala.
El Área de Urbanismo está muy concienciada con este asunto y, de hecho, ya puso en marcha hace unos años dos proyectos piloto con los que ofrecía subvenciones a edificios que tienen una mayor dificultad para realizar sus reparaciones. Por un lado, se articulan ayudas específicas para inmuebles que se encuentran pegados a taludes. En estos casos, los estudios son muy costosos y las rehabilitaciones posteriores aún más por lo que se arbitraron 60.000 euros.
La segunda línea de subvenciones contempla ayudas a edificios con problemas estructurales. En estos supuestos, solo el diagnóstico resulta costosísimo, y más aún la reparación posterior. Para ello, la partida asignada alcanza los 100.000 euros.
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El pasado sábado sin ir más lejos volvió a producirse un desplome de parte de la fachada de la sede que la antigua Telefónica, hoy Movistar, tiene en la calle Buenos Aires. Afortunadamente no hubo que lamentar ningún herido.
Ricardo Barkala, concejal de Urbanismo, explicó ayer que desde que se produjo el terrible suceso en el que una joven que salía de una farmacia fue alcanzada por los cascotes que se desprendieron en la Gran Vía produciéndole la muerte, existen rigurosas inspecciones para comprobar el estado en el que se encuentran los edificios de la ciudad y recomendar a sus comunidades los trabajos necesarios, si fueran necesarios, para que estén en buen estado y evitar de este modo desagradables accidentes.
El concejal de Urbanismo dio a conocer ayer que el Ayuntamiento ha dictado en estos últimos dos años 1.400 órdenes de reforma para la conservación de fachadas. "En la mayoría de los casos se trataba de arreglos puntuales sin demasiada importancia", dijo Barkala. Sin embargo, otras reparaciones han requerido de obras de fachada integral. Así, en el 13 % de los casos los propietarios de estos edificios han sido obligados a reparar toda la fachada. Otro 10 % de los casos no estaban obligados a reformar todo el paño exterior, pero han aprovechado las circunstancias para sanear totalmente el edificio.
La fortuita tragedia ocurrida en 2012 indujo a una reflexión en la Subárea de Disciplina Urbanística sobre la conveniencia de reforzar las inspecciones de los edificio de Bilbao, con independencia de su año de construcción. En principio, lo que se denomina la Inspección Técnica de Edificios se refiere a aquellos edificios que han cumplido ya sus 50 años de vida, que en el caso de Bilbao representan un porcentaje importante, pero el Ayuntamiento se tomó la obligación de ir chequeando individualmente todos los edificios de la capital. Así se han ido realizando fichas personalizadas con los datos de los inmuebles, año de construcción, materiales, características y posibles deficiencias para que, en el momento en que el Gobierno vasco aplique la Ley de las Inspecciones Técnicas de Edificación, se tenga adelantado parte del trabajo y se pueda comenzar con las reparaciones.
Bilbao, según un informe que elaboró Idom en 2007, tiene 16.000 edificios de los que 6.000 tienen más de medio siglo de antigüedad. Los inspectores han ido ojeando todo los inmuebles de manera ocular acompañándose de prismáticos para detectar los daños, y posteriormente han tomado fotografías de los desperfectos. Un trabajo meticuloso para el que se ha realizado un auténtico barrido de los inmuebles de la villa. El procedimiento que ha seguido el Ayuntamiento ha consistido en abrir un expediente y advertir a la comunidad de los daños detectados, previa a la orden de ejecución para que la comunidad proceda a realizar los arreglos.
Las recomendaciones del Ayuntamiento para realizar una reparación de un edificio son vinculantes, es decir, que es de obligado cumplimiento para que los propietarios de un bloque lleven a cabo los arreglos detectados por los inspectores. "Son edificios privados, por lo tanto el mantenimiento corre a cargo de sus propietarios", señaló Barkala.
El Área de Urbanismo está muy concienciada con este asunto y, de hecho, ya puso en marcha hace unos años dos proyectos piloto con los que ofrecía subvenciones a edificios que tienen una mayor dificultad para realizar sus reparaciones. Por un lado, se articulan ayudas específicas para inmuebles que se encuentran pegados a taludes. En estos casos, los estudios son muy costosos y las rehabilitaciones posteriores aún más por lo que se arbitraron 60.000 euros.
La segunda línea de subvenciones contempla ayudas a edificios con problemas estructurales. En estos supuestos, solo el diagnóstico resulta costosísimo, y más aún la reparación posterior. Para ello, la partida asignada alcanza los 100.000 euros.
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